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Agenda Urbana de Catalunya

La Agenda Urbana de Catalunya debe ser la herramienta que permita potenciar las oportunidades y afrontar los retos que plantea la creciente urbanización.

La planificación urbana es un instrumento que permite la adquisición de la calidad de vida y el bienestar de las personas. Para conseguirlo, es necesaria la contribución a todos los niveles de gobierno que, en coordinación, alineen sus políticas urbanas mediante una Agenda Urbana compartida.

La Agenda Urbana de Catalunya se basa en seis ejes temáticos que recogen los objetivos y retos que se plantean en la Declaración de Quito y en la Agenda 2030.

Garantizar un entorno urbano saludable libre de contaminación. Reducir el impacto ambiental de las ciudades mediante servicios urbanos más eficientes y sostenibles y desarrollando el uso de energías renovables producidas en el medioambiente urbano.

Garantizar ciudades seguras, cohesionadas, diversas e inclusivas con espacios públicos que mejoren la interacción entre los ciudadanos y ciudadanas. Erradicar la exclusión, la discriminación y la vulnerabilidad.

Conseguir entornos urbanos de calidad y ciudades que sean accesibles para todos y todas, y que garanticen el derecho universal a la vivienda. Asegurar ciudades compactas y mixtas, con densidades adecuadas, que permitan la proximidad a bienes, servicios y oportunidades. Construir viviendas bien equipadas e inteligentes con acceso a transporte, a la energía y a los espacios públicos de calidad.

Explorar nuevos modelos de producción de alto valor añadido asociados al desarrollo urbano. Promover el conocimiento y la innovación. Asegurar la sostenibilidad económica, y transitar desde un modelo económico lineal a uno circular.

Asegurar ciudades bien articuladas y conectadas con sus territorios, dotadas de espacios naturales preservados medioambientalmente para mejorar la vida de las personas, y adaptar los territorios a los efectos del cambio climático.

Garantizar una mejor gestión de las políticas urbanas acercándolas a las necesidades de la ciudadanía. Revisar la financiación de los gobierno locales y regionales para proveer a los ciudadanos y ciudadanas de mejores servicios públicos. Conseguir gobiernos más responsables y éticos.